Para un millón de despedidos en 10 años de gobierno de Fujimori

Por Elena Miranda

Cómo hablar de un feliz Día del Trabajo si las condiciones en el Perú son tan difíciles. Durante los últimos diez años más de un millón de personas perdieron el empleo y las que lo conservaron laboran totalmente desprotegidos por causa de la legislación laboral impuesta por el gobierno, sin contar a los miles de jóvenes que cada año pasan a formar parte de la Población Económicamente Activa sin opción de encontrar un trabajo digno.
Sin una política de fomento del empleo, sin estabilidad laboral, ni derecho a huelga, ni la posibilidad de las negociaciones colectivas ni de libre sindicalización, con sueldos entre los 200 y 800 soles mensuales, con más de ocho horas de trabajo diario, los trabajadores ocupados formalmente y los que laboran en la informalidad sólo pueden celebrar hoy un día más en su lucha por sobrevivir con ingenio, sacrificio y muchísima voluntad de salir adelante, ellos y sus familias.
"El desempleo es un problema irresuelto que tiene que ver con la evolución y las reformas de la legislación destruida con normas que han establecido un alto grado de desprotección y precarización del trabajo, además de una desorganización del movimiento sindical", dice el ex ministro de Trabajo Carlos Blancas.
Informa que el desempleo en nuestro país se ha incrementado, no sólo por el desempleo abierto, sino por el crecimiento de la informalidad. Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Perú está entre los tres países con mayor índice de informalidad en América Latina, después de Ecuador y Honduras, lo que esconde en parte el desempleo.
El desempleo se ha agudizado en el Perú en los dos gobiernos del presidente Alberto Fujimori, especialmente en el sector juvenil, ya que ha subido de 15.45% en 1990 a 17.1% en 1999.
"En la legislación laboral, es urgente restablecer los niveles adecuados de seguridad y estabilidad del trabajador, hacer una revisión profunda de las figuras de los services y cooperativas, así como de la formación laboral juvenil y revisar íntegramente la ley de relaciones colectivas", propone.
Blancas dice que la promoción del empleo va a depender de la política económica y social, para lo cual se requiere un pacto nacional por el empleo entre todas las organizaciones políticas y todos los sectores con el objetivo de dar prioridad a la política laboral.
"El pacto debe considerar diversas medidas como estimular la creación de pequeñas empresas, activar los sectores económicos como la agricultura, construcción y comercio y eliminar los impuestos excesivos", sugiere.

Sin trabajo
Para Juan José Gorriti, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor problema que atraviesa el país es que la legislación laboral está casi destruida, lo que impide la formación de sindicatos, la negociación colectiva, el derecho de huelga, con una intervención perversa del Estado en contra de los trabajadores.
Dice que en el Perú no se respetan los derechos consagrados en la declaración de la OIT, que el Estado peruano firmó y ratificó. Hay diversas denuncias presentadas por la CGTP, el sindicato de trabajadores de Telefónica del Perú, el gremio de construcción civil, la mayoría de las cuales son contra el Estado peruano por violar las normas laborales.
"Varias de estas denuncias motivaron observaciones de la OIT, otras todavía están en estudio, y sobre algunas ya se emitieron las recomedaciones, pero el Perú no las cumple porque no hay nadie que lo obligue", afirma.
"Un nuevo gobierno debe velar por el respeto a los derechos de los trabajadores, eliminar el despido arbitrario y restituir la negociación colectiva, fortalecer la organización sindical e impulsar el diálogo entre empresarios y trabajadores", señala
Olmedo Auris, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú, Sutep, dice que para miles de jóvenes, maestros y trabajadores en general, la realidad es la misma que hace más de un siglo. Pone como ejemplo a los vendedores ambulantes, los taxistas, los trabajadores de services y a los maestros que tienen que trabajar de 14 a 16 horas diarias.
"Debemos hacer un balance serio que nos permita luchar y organizarnos mejor en el aspecto sindical para superar la dispersión, los viejos estilos y conductas, pero fundamentalmente para combatir la espontaneidad que es la causa fundamental de la crisis del sindicalismo", señala.

Liberalismo mató agricultura
Washington Mendoza, secretario general colegiado de la Confederación Campesina del Perú, recuerda que el campesinado representa una tercera parte de la Población Económicamente Activa del Perú y que "en los últimos diez años hemos sido abandonado por la liquidación del Banco Agrario y el incremento de importaciones a causa de la nefasta política liberal y de apertura del mercado, que ha traído abajo el precio de nuestros productos".
"Hoy en día en el Perú, ser agricultor no es rentable. Hemos sido descapitalizados por la excesiva importación de productos agropecaurios", comenta.
Dice que para mejorar la situación del campesinado tiene que haber un cambio, para lo cual es necesaria la instalación del Banco de Fomento para los pequeños y medianos productores, el seguro social para los campesinos y la regulación de las importaciones.
"Seguiremos en la lucha por la seguridad alimentaria, para generar una agricultura sustentable y por la reforma del Estado, con el fin de promover la descentralización. Queremos formar un frente agrario para luchar contra este gobierno o buscar el diálogo con uno nuevo", revela.

Reconquista de derechos
Isaías Peñaloza, presidente de la Federación Médica Peruana, dice que los trabajadores, incluyendo los médicos, han perdido la mayoría de sus derechos laborales y ahora deben buscar la mejor manera de recuperarlos y defenderlos.
Destaca el caso de más de cinco mil médicos, en calidad de contratados, que prestan servicios al sector público sin tener una adecuada relación laboral, por lo que carecen del derecho a vacaciones y diversas prestaciones.
"Esperamos que el próximo Congreso devuelva estos derechos a los trabajadores y que sigamos luchando por reconquistarlos y conquistar otros nuevos", dice.
Según informaciones de Javier Mujica, abogado del Programa de Derechos Humanos del Centro de Asesoría Laboral, Cedal, más de un millón de puestos de trabajo asalariado se han perdido en una década, siete de cada diez trabajadores están vinculados a formas de contratación temporal, intermediaria o fuera de registro, hay una intensa precarización e inseguridad en las condiciones laborales de casi las dos terceras partes de la fuerza de trabajo del país, una disminución radical del número de sindicatos y la práctica anulación de los derechos de negociación colectiva y huelga.